Leyes contra la discriminación genética

Aunque el tema sea políticamente incorrecto, el hecho es que los genes influyen de forma poderosa en nuestras vidas, determinando (en parte) nuestra personalidad, inteligencia, estatura, peso y predisposición a enfermar (entre otras muchas cosas). Evidentemente, los factores sociales y culturales pesan. La educación, no es que sea importante, es que es esencial. La dicotomía genes «o» ambiente es errónea y el error está precisamente en el «o». Sin embargo, es imposible afirmar seriamente que los humanos seamos una “tabla rasa”, un producto exclusivo de su ambiente, como decía el filósofo inglés John Locke y como todavía se cree en muchos círculos.

Aparentemente, el argumento empleado por los ‘ambientalistas’ más fervientes reza más o menos así: incluso si fuera cierto que la inteligencia y otras características están condicionadas por los genes, esta información no debería hacerse pública ya que podría emplearse para justificar la discriminación; los científicos que han hecho estos trabajos son terriblemente ingenuos al pensar que dicha información no es un bomba en manos de desaprensivos. La cuestión es: ¿a quién beneficia que la inteligencia sea heredable?
Así planteada, la pregunta pone el dedo en la llaga de la cuestión. En principio, lo que los científicos tratan de hacer es ‘averiguar cómo son las cosas’, ndependientemente de a quién beneficien o perjudiquen. Se supone, por lo tanto, que la información beneficia a todo el mundo y que siempre es mejor saber que no saber. ¿Es eso cierto? ¿Sería mejor no saber algunas cosas? Se trata de un argumento filosófico que tiene profundas implicaciones sociales y morales. Y creo que el argumento tiene un punto de razón y que debería, al menos, ser considerado. Sería posible declarar una moratoria sobre este tipo de estudios, al menos hasta que la Humanidad hubiera evolucionado lo suficiente en un sentido moral. Sin embargo, esto puede plantear problemas peores que los que trata de resolver ¿Qué ‘organismo’ sería el encargado de decretar el ‘embargo intelectual’ de ésta (y posiblemente otras) áreas de conocimiento? ¿Y no perderíamos también los posibles beneficios que se derivaran de estos estudios?

No se trata de Ciencia-Ficción: esto ha llegado a proponerse seriamente. Sin embargo, no puede descartarse que, una vez puesto en marcha, este ‘organismo’ se convirtiera en una especie de Inquisición en un sentido bastante literal, ya que justamente la Inquisición se encargaba de este tipo de cosas. Recordemos el lío en que se metió Galileo Galilei por afirmar que la Tierra se mueve. Los beneficios sociales de ‘no investigar ciertas cosas’ quizá serían mucho menores que los costes de vivir bajo el dominio intelectual de una especie de ‘Gran Hermano’.
Con todo, decretar una moratoria sobre el tema es un solución intelectualmente más honrada que la de negar la posibilidad de que los genes influyan en nuestras vidas, en contra de una evidencia experimental bastante considerable a estas alturas. De todas formas, el núcleo de la cuestión es otro. La ética debe basarse en principios, no en hechos empíricos. Que todos los humanos sean merecedores de derechos y de una consideración digna, es una cuestión de principio; no se justifica porque los humanos sean o no, de determinada manera.

Está muy claro que nadie va a beneficiarse por el hecho de ignorar la evidencia y pretender que los genes no tienen ninguna influencia sobre las capacidades e inclinaciones humanas. Es mucho mejor aceptar que cada persona es diferente y que posee talentos innatos, aunque cada cual tendrá que trabajar para desarrollarlos. Eso implica también que el talento puede estar desigualmente repartido, igual que la estatura y la belleza. El declarar que los humanos somos iguales no equivale a afirmar que seamos idénticos, sino que deberíamos ser iguales ante la ley. Justamente, el reconocer que los humanos tenemos diferentes capacidades y necesidades es un requisito imprescindible para todo el mundo pueda recibir un trato equivalente. En la práctica, esta línea de pensamiento nos llevaría a aceptarnos como somos y aceptar a los demás aunque no sean absolutamente perfectos.

Una alternativa a la “estrategia del avestruz” consiste en regular por ley el uso que puede hacerse con la información relativa a los genes de las personas. En relación con esto, el Senado de Estados Unidos acaba de aprobar el “Acta contra la discriminación genética” (GINA). Esta legislación prohíbe a las empresas de seguros denegar la cobertura a cualquier persona basándose en información genética. También impedirá a las empresas utilizar este tipo de información para contratar, despedir o modificar el estatus de sus empleados. Las encuestas realizadas anteriormente indican que muchas personas temían hacerse pruebas genéticas ante la posibilidad de que esta información fuese utilizada en su contra. También se habían denunciado casos de discriminación basados en una interpretación errónea (o tal vez tendenciosa) de los datos. Por ejemplo, algunas empresas han rechazado a afroamericanos con buena salud por poseer una copia del alelo de la anemia falciforme, a pesar de que en heterozigosis dicho alelo no supone un riesgo (y hace a los individuos más resistentes a la malaria).

Los partidarios de esta ley argumentan que las investigaciones en genética humana pueden contribuir de forma muy positiva a la salud pública, mediante la detección precoz de enfermedades y propensiones genéticas. La cuestión es si la ley también conseguirá evitar el mal uso de la información genética y la consecuente invasión de la privacidad personal que conlleva.